El proyecto de ley extiende las competencias del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos y amplía las capacidades de los
propietarios de derechos intelectuales para COMBATIR EL TRÁFICO ONLINE DE CONTENIDOS Y PRODUCTOS PROTEGIDOS, ya
sea por derechos de autor o de propiedad intelectual.
Entre estos se pueden contar, por ejemplo, música o
canciones, películas, libros, obras artísticas y productos copiados o falsificados
que no tributan las correspondientes tasas a los propietarios de sus derechos
de autoría o invención.
El proyecto de ley originalmente propuesto permite que
tanto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como los propietarios
de derechos intelectuales, puedan obtener órdenes judiciales contra aquellos
sitios de Internet que permitan o faciliten la violación de los derechos de
autor. Dependiendo de quién sea el que solicite la orden judicial, las ACCIONES PREVISTAS CONTRA EL SITIO WEB
PODRÍAN INCLUIR:
- Restricción al acceso a empresas que brindan un servicio de facilitación de pago tales como PayPal o que ofrecen dinero a cambio de colocar publicidad online.
- Restricción en los buscadores que vinculan con tales sitios.
- Requerimiento a los proveedores de internet, para que bloqueen el acceso a tales sitios.
- Bloqueo por parte de los proveedores de internet a la web o servicio en cuestión, incluyendo hosting, e inclusive a nivel DNS (aunque esto ha sido puesto a discusión).
- Empresas facilitadoras de cobro en internet (como PayPal) deben congelar fondos y restringir el uso del servicio.
- Servicios de publicidad deben bloquear la web o servicio. Por ejemplo Google Adsense no puede ofrecer servicio en webs denunciadas si esta ley llegara a aprobarse.
- Se deben de eliminar enlaces a la web o servicio denunciado.
El proyecto de ley convierte en un crimen al streaming no
autorizado de contenidos protegidos por copyright (derecho de copia), y prevé una PENA MÁXIMA DE CINCO AÑOS DE PRISIÓN por cada diez piezas musicales
o películas descargadas dentro de los seis meses desde su estreno.
El proyecto además brinda inmunidad a todos aquellos
proveedores de Internet que voluntariamente lleven a cabo acciones contra tales
sitios haciendo además responsable al sitio web infractor de cualquier daño
producido al titular de los derechos, incluso sin tener que demostrarlo.
Quienes proponen la ley afirman que protege el mercado de
la propiedad intelectual y su correspondiente industria, trabajos e ingresos, y
que es necesaria para reforzar la aplicación de las leyes de derechos de autor,
en particular contra los sitios web extranjeros.
Citan ejemplos como el del acuerdo judicial de 500
millones de dólares al que llegó Google con el Departamento de Justicia por su
papel en una campaña publicitaria dirigida a los ciudadanos estadounidenses que
alentaba a los consumidores a comprar drogas de prescripción ilegal en
farmacias online de Canadá. Los opositores argumentan que la ley infringe los
derechos de la Primera Enmienda, que es censura en Internet, que lisiará a
Internet, y será una amenaza para la denuncia de irregularidades y otras
muestras de libertad de expresión.
La aprobación de leyes como SOPA crearía efectos
colaterales en todo internet que lo cambiarían de forma negativa para siempre:
- Las redes de navegación anónimas se volverían ilegales (la anonimidad en internet es importantísima para millones de personas en situaciones de peligro por parte de gobiernos totalitarios).
- Nuestras comunicaciones serían oficialmente espiadas para poder determinar si incumplimos (o no) la ley.
- Sitios donde se incentiva el contenido generado por el usuario no podrían operar porque sería sumamente impráctico vigilar cada cosa publicada con el miedo de recibir una demanda desproporcionada pues la ley no distingue entre proveedor o usuario en estos casos.
- Uno de los aspectos básicos de la web se vería afectado: enlazar por medio a hacerlo a un sitio que tal vez sea sospechoso de violar la propiedad intelectual de una obra. Al enlazar también se estaría incumpliendo la ley SOPA.
La PROTECT IP Act
(Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual
Property Act, también conocida como PIPA)
es un proyecto de ley que TIENE POR
OBJETIVO DECLARADO EL BRINDAR al gobierno de los Estados Unidos y a los
titulares de derechos de autor HERRAMIENTAS
ADICIONALES PARA RESTRINGIR EL ACCESO A AQUELLOS «PÍCAROS SITIOS WEB DEDICADOS
A INFRINGIR O FALSIFICAR BIENES», en especial aquellos sitios registrados
fuera del territorio de los Estados Unidos. El proyecto fue introducido el 12
de mayo de 2011, por el Senador demócrata Patrick Leahy (político) y un grupo
bipartito de 11 promotores.
La Oficina Presupuestaria del Congreso estimó que la
implementación del proyecto de ley podría haberle costado al gobierno de los
Estados Unidos una suma estimada hasta finales del 2016 de 47 millones de
dólares; esta suma se habría utilizado para cubrir los costos de ejecución y
para la contratación y capacitación de 22 nuevos agentes especiales y 26
empleados de apoyo. El Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos aprobó
la ley, pero el Senador Ron Wyden logró ponerla en suspenso.
La ley PIPA es una versión reescrita del proyecto
Combating Online Infringement and Counterfeits Act (COICA) que no logró ser
aprobada en el 2010. Un proyecto similar fue presentado ante el Congreso de los
Estados Unidos el 26 de octubre del 2011, la Stop Online Piracy Act (SOPA).
A raíz de las protestas en línea llevadas a cabo el 18 de
enero de 2012, el líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid anunció que la
votación del proyecto de ley sería pospuesto hasta que las cuestiones
planteadas sobre el proyecto de ley pudieran ser resueltas.
ARGUMENTOS A FAVOR Y
EN CONTRA DE LA LEY SOPA Y PIPA
Los opositores a SOPA y
PIPA creen que ninguna de las legislaciones hace lo suficiente para proteger al
denunciado de falsas acusaciones. Como explica la Electronic Frontier
Foundation, las provisiones en el proyecto otorgan inmunidad a los procesadores
de pago y redes de publicidad que bloquean a los sitios basados en un indicio
razonable de infringimiento, de forma que, aunque los alegatos resulten ser
falsos, sólo el sitio web sufre. “El estándar para inmunidad es increíblemente
bajo y el potencial para que abusen de ella se sale de proporción”, dice la
EFF.
Mientras tanto, los sitios
que alojan contenido generado por los usuarios sentirán la presión de
monitorear de cerca el comportamiento de sus miembros. Dicho monitoreo ya
ocurre en sitios grandes como YouTube, pero podría ser un gran gast para las
empresas que recién comienzan, agrega la EFF.
Algunos críticos más
progresivos han dicho que las compañías de medios están tratado de legislar su
salida de lo que en realidad es un problema propio de su modelo de negocio.
“Como hemos visto una y otra vez, el ‘ataque’ más exitoso (de lejos) contra la
piratería son las asombrosas nuevas plataformas que dan a los usuarios lo que
quieren, como Spotify y Netflix”, escribe Mike Masnick de TechDirt.
Los que apoyan a SOPA y
PIPA argumentan que las profecías de una Internet “rota” están exageradas. Cary
Sherman, CEO de la Recording Industry Association of America, escribió que SOPA
define con claridad a los sitios infractores, basada en términos de la Corte
Suprema de los Estados Unidos y la Digital Millenium Copyright Act, y requiere
que los titulares de derechos sigan un juego de reglas estricto al tratar de
obtener la retención del pago a los sitios infractores. Las falsas acusaciones,
dice Sherman, “pueden resultar en daños, incluyendo costos y honorarios de los
abogados”.
CIERRE DE LA
MEGAUPLOAD
Megaupload fue un sitio web de servicio
de alojamiento de archivos, fundado el 21 de marzo de 2005 por Megaupload Limited en Hong Kong. Formaba parte de un conjunto de webs
llamada Megaworld. El 19 de enero de 2012 fue cerrado por el FBI por infracción
de derechos de autor.
El dominio megaupload.com atrajo por
lo menos diez millones de visitas en 2008 de acuerdo con un estudio de Compete.com. El
servicio básico se encontraba disponible de forma gratuita y permitía a los
usuarios subir archivos de hasta 2GB. El usuario libre no podía descargar archivos de más de
1 GB, sin embargo el usuario registrado podía descargar 100
GB de archivos almacenados.
Cualquier archivo subido por anónimos
expiraba si no había descargas en más de 21 días (los subidos por usuarios
gratuitos, 90 días, y los subidos por Premium, nunca). En un primer momento,
los usuarios debían rellenar un texto basado en captcha al descargar un archivo, más tarde se
eliminó este. Hasta fecha reciente, los usuarios no registrados debían esperar
unos 45 segundos en la cola de la descarga, mientras que los usuarios con un
registro gratuito tenían que esperar 25 segundos; más tarde, después de una
remodelación en la página de descargas, se eliminó el límite de tiempo. Ambos
debían esperar una cierta cantidad de tiempo entre las transferencias después
de que una cierta cantidad de megabytes se hubiera descargado desde los
servidores de Megaupload. Mediante pago se podía obtener una cuenta Premium,
que otorgaba una amplia gama de privilegios, tales como no esperar ninguna cola
de archivos, realizar más de una descarga de forma simultánea, usar el programa
Mega Manager en su totalidad (sin restricciones), subir archivos protegidos con
contraseña, un espacio online ilimitado para subir sus archivos y no tener
restricciones de ningún tipo al subir archivos, entre otras.
Megaupload poseía Megavideo, un sitio de vídeo streaming para alojar archivos de vídeo, similar
a YouTube, aunque más
especializado en vídeos largos, como películas y series, y Megaporn, otro sitio de vídeo streamingpero con temática
pornográfica.
Por
otro lado, respecto del Cierre de Megaupload, el Departamento de Justicia acusa
a siete de los responsables de estas compañías de crimen organizado y asegura
que son "responsables" de "piratería masiva en todo el mundo de
diferentes tipos de obras protegidas por derechos de propiedad
intelectual". Además, en la nota hecha pública se asegura que estas
páginas han generado más de 175 millones de dólares en actividades delictivas y
que han causado "más de 500 millones de dólares en daños a los
propietarios de las obras protegidas".
La
denuncia contra los acusados contuvo los cargos concretos son participar en una
CONSPIRACIÓN DE CRIMEN ORGANIZADO, cometer
infracciones de derechos de autor de forma masiva, blanqueo de dinero y dos
cargos criminales de violación de la propiedad intelectual. Así, cada
uno de los siete acusados se enfrentan a penas de hasta 50 años de prisión
entre todos los cargos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario